Bicentenario y fortalecimiento del contrato social.

Los felizmente masivos festejos del bicentenario de la Revolución de Mayo han impulsado una fructífera y multifacética reflexión sobre el estado actual de la sociedad política argentina. Entre las tantas aristas posibles que el fenómeno ofrece, deseo ocuparme del elemento unitivo que hizo posible, a mi modo de ver las cosas, que la conmemoración aludida fuera celebrada por tantos argentinos y argentinas, independientemente de sus preferencias y diferencias ideológicas y políticas.

Dejando de lado los diversos significados que el concepto de contrato social ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos desde su aparición en el Leviatán de Hobbes en 1651 al neocontractualismo contemporáneo de Rawls y Nozick, voy a servirme de esta categoría para referirme al acuerdo de voluntades necesario para la existencia y sostenimiento de una comunidad política, sea este explícito o tácito.

Observados los 200 años celebrados desde esta óptica, pareciera ser que si algo tuvieron en común los primeros cien (1810-1910) con los segundos (1911-2010), fue el predominio de los períodos carentes de un contrato social mínimo capaz de garantizar el más ínfimo grado de concordia política requerido para construir y desarrollar una comunidad política y soberana.

Entre 1810 y 1861, las Provincias Unidas del Sur –y a partir de 1953 la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires- fracasaron en consensuar un pacto socio-político mínimo sobre el cual construir el anhelado estado moderno. Desde entonces y hasta 1910, pese a las discordias y desavenencias, tuvo lugar un período (¿extraordinario?) basado en un acuerdo mínimo de voluntades plasmado en la Constitución Nacional de 1853-60, que perduraría hasta 1930.

Con la revolución cívico militar del 6 de septiembre de 1930 se rompe el contrato social arduamente y dolorosamente logrado, y se (re) inicia una etapa signada por diversos y contrapuestos replanteos, reformulaciones y cuestionamientos al pacto de 1853-60. El período terminaría de modo dramático en los albores de la década de 1980.

Pese a ser considerada “la década perdida”,-no sólo en Argentina, sino en el resto de América Latina- la del ’80 fue, desde la perspectiva de análisis aquí propuesta, la década en que el pueblo argentino (gobernantes y gobernados) restituyó las bases para un nuevo contrato social, erigido sobre la elección del régimen democrático, como la mejor forma de gobierno; al menos, para esta comunidad política. (El respecto y defensa de las libertades individuales, así como la promoción y cumplimiento de los derechos sociales también formarían parte del núcleo de este nuevo acuerdo emergido, aunque su efectiva realización no sólo ha sido parcial sino que además ha mostrado generar intensos conflictos entre los diversos sectores sociales, políticos y económicos).

Que el nuevo contrato social haya sido amplia y voluntariamente pactado no significa, por supuesto, que no haya sido desafiado desde su mismísimo nacimiento. Esta vez, sin embargo, tras décadas de desencuentros y extravíos, el pacto mostraría estar fuertemente arraigado en una concordia política que, por encima de las diferencias, estaba decidida a sobreguardar la unidad del país a través de la innegociabilidad de su régimen político. Ni los “carapintadas”, ni la trágica crisis política, social y económica de 2001 han podido doblegar el ya arraigado acuerdo básico. (Conscientes de ello, un grupo de intelectuales perspicaces ha sugerido en tiempos recientes utilizar una inexistente “amenaza destituyente” como medio de deslegitimar reclamos de grupos opositores al actual gobierno de Cristina Kirchner).

Así pues, entiendo que los masivos festejos del bicentenario han confirmado una vez más la vigencia y el fortalecimiento del contrato social (re)fundado en 1983. Pese a las manifiestas pretensiones de oficialistas y opositores de apropiarse de la celebración del bicentenario, los ciudadanos -con mayor grandeza que sus dirigentes, vale destacar- han estado a la altura del evento histórico participando festivamente de un acontecimiento que les pertenece a todos los miembros de la comunidad política argentina; sembrando –al menos a quien escribe- la esperanza de una cercana maduración política de la ciudadanía argentina, acorde con el cumplimiento de los 200 años de la patria.

El abandono del debate parlamentario

Hace unos días debatiendo con algunos alumnos un texto de Bobbio sobre el fundamento y funcionamiento de la representación, surgió un debate respecto al comportamiento actual de los legisladores en el parlamento. Algunos puntos interesantes que despertaron el intercambio de ideas fueron los siguientes:


a) ¿El parlamento cumple su función de “parlamentar” sobre los asuntos de la política o simplemente se ha convertido en un foro de prueba para ver quién es más fuerte?
Esta pregunta sirve para entender el presente aunque cabe aclarar que no es nueva. El Parlamento hace tiempo ya, que ha perdido esa característica fundacional del mismo respecto a ser el lugar donde irían los representantes de la comunidad a DEBATIR cuál sería la mejor alternativa posible sobre las propuestas con el fin de atender un asunto determinado. En el debate con los alumnos, yo les contaba una anécdota personal cuando tuve que leer una sesión parlamentaria del siglo XIX. En esta un diputado en medio del debate pidió suspender el mismo por una semana para poder estudiar bien el proyecto de ley y de esta manera poder opinar con fundamento sobre el mismo y de esta manera brindar su opinión favorable o no. Los demás legisladores aceptaron su propuesta y se volvieron a juntar una semana después con la consiguiente exposición del diputado en cuestión. Cuando leí esto recuerdo que me salió un QUUEE???? Y cuando se los contaba a los estudiantes comenzaron a reírse de la sorpresa. Obviamente que mi reacción y la de los estudiantes se debe a que una situación así hoy en día es inimaginable pues los legisladores ya no tienen esa libertad que en los orígenes de la representación parlamentaria solían tener. Sin embargo, esta cuestión no es nueva sino que podemos rastrearla desde la aparición de los partidos de masas. En dicho contexto, los legisladores ya no tenían la libertad de debate pues respondían a un partido que defendía una identidad determinada y los legisladores eran simples “delegados” (en palabras de Bobbio) con un mandato imperativo por parte de dicho partido. Por lo tanto, la falta del debate no es una cuestión nueva sino que viene de hace tiempo. Sin embargo, surge una diferencia en la actualidad. Como nos dicen Bernard Manin o Angelo Panebianco, esas identidades que los partidos de masas “representaban” ya no se encuentran presentes con fuerza en la sociedad. Sin embargo, los legisladores continúan impedidos de ejercer su principal función que es la de debatir las propuestas. Esto nos lleva al segundo punto de interés que surgió en el debate.


b) Si los representantes ya no “representan” identidades ¿por qué su comportamiento en el parlamento sigue alejado del debate y continúa ligado a una “bajada de línea”?
Esta pregunta ya si es plenamente actual. El verdadero debate parlamentario continúa siendo una idea más cercana al país de Utopía que a la realidad misma. Continuamente apreciamos en los medios de comunicación que ante el arribo de un debate de importancia lo que se resalta es ver quien tendría más votos (y por ende impondría su posición) más que sobre las alternativas que pueden discutirse en la cámara. Es decir, apreciamos debates parlamentarios maratónicos que duran horas y horas con votaciones en altas horas de la madrugada. Sin embargo, todos ya sabemos más o menos como va a terminar la historia pues no importa lo que se dice en las intervenciones sino que lo relevante es el momento de la votación. Obviamente que esto lleva a dos consecuencias: Primero que la figura del legislador se transforme en una simple figura de relleno, y segundo el empobrecimiento del Parlamento como institución democrática y a las ideas que en este se vierten. Para dar un ejemplo de esto, el otro día durante el debate sobre el matrimonio entre individuos del mismo género, mientras hablaba un legislador se podía ver a otros leyendo el diario o haciendo crucigramas!!! Cuando hablábamos de esto, un alumno señaló lo siguiente: “¿pero si la diputada ya habló para qué va a escuchar a los demás?” Justamente es esto lo que NO hay que hacer, un legislador debe poder opinar pero al mismo tiempo debería saber escuchar las opiniones de los demás. Igual reconozco que hoy estamos muy lejos de esto. Más bien, en la actualidad importa tener los votos para pasar la votación (impidiendo que aparezcan detractores que abandonen la tropa y se pasen al bando contrario) y no tener las ideas más convincentes. La razón de esto no es la defensa de una identidad determinada sino que se debe al encarnizamiento de las relaciones entre gobierno y oposición donde unos pretenden mantener su cuota de poder y otros aspiran a ampliar la suya. Este juego de suma cero, donde importan los intereses particulares (mantención/conquista del poder) más que la defensa de los intereses de la comunidad ha llevado a que se de esta situación de pobreza parlamentaria.
En definitiva, podría decir más cosas pero me quedo aquí. El parlamento hoy en día está muy lejos de acercarse al funcionamiento que se pensó para este cuando se lo diseñó. El intercambio de ideas ha sido reemplazado por la lucha entre facciones que buscan tener la mayoría de votos para imponer sus posiciones. Es decir, las propuestas no se imponen por convincentes sino por tener la mayoría de los votos. Como decíamos esto empobrece el debate parlamentario. Sin embargo el tema no termina aquí pues esto último nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Estando en una democracia representativa la falta de debate en búsqueda de las mejores políticas podría llevar a un empobrecimiento del régimen democrático? Que pregunta…