¿Buscan el veto?

Desde hace un tiempo ya, la oposición tiene en su agenda la limitación de los poderes presidenciales: decretos, superpoderes y demás. En mi opinión, la estrategia apunta a obligar a la presidenta a vetar estas leyes:


En primer lugar, hay sectores de la oposición que tienen serias posibilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales: la UCR –quizá en coalición con el CC y el PS-, el Peronismo Disidente, y tal vez el PRO si arma coalición con el PJ.

En segundo lugar, las características del sistema electoral argentino –sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas- y del electorado peronista –predominio en las provincias pobres- le han dado una ventaja histórica al PJ: hasta ahora, desde la vuelta a la democracia el PJ siempre dominó la Cámara de Senadores.

Es decir, que si las leyes que se proponen limitar los poderes presidenciales tienen éxito la UCR y sus aliados se verían ante la posibilidad de limitar seriamente la gobernabilidad si ganan las próximas elecciones: al dominio del peronismo en Senadores se sumaría un menor poder en manos de la presidencia.

Por lo tanto, creo que estos actores están especulando con un casi seguro veto presidencial. En un contexto de gobierno dividido, es difícil que Fernández decida enfrentar el tiempo de gobierno que le queda con una capacidad de acción limitada –mucho más teniendo en cuenta que debe enfrentar una campaña electoral-.

Ante este escenario, los miembros del Acuerdo Cívico siempre ganan: para empezar no se limitan los poderes presidenciales. Pero además, como miembros de la oposición muestran que pueden ponerse de acuerdo en ciertas políticas y que no son inoperantes, como el oficialismo dice.

Los costos se los lleva todos CFK: probablemente la interpretación que prevalezca es que va contra las decisiones de los legisladores –los sectores opositores no van a dudar en calificarlos como “los representantes de la voluntad del pueblo”- para seguir gobernando “unilateralmente”.

Bicentenario y fortalecimiento del contrato social.

Los felizmente masivos festejos del bicentenario de la Revolución de Mayo han impulsado una fructífera y multifacética reflexión sobre el estado actual de la sociedad política argentina. Entre las tantas aristas posibles que el fenómeno ofrece, deseo ocuparme del elemento unitivo que hizo posible, a mi modo de ver las cosas, que la conmemoración aludida fuera celebrada por tantos argentinos y argentinas, independientemente de sus preferencias y diferencias ideológicas y políticas.

Dejando de lado los diversos significados que el concepto de contrato social ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos desde su aparición en el Leviatán de Hobbes en 1651 al neocontractualismo contemporáneo de Rawls y Nozick, voy a servirme de esta categoría para referirme al acuerdo de voluntades necesario para la existencia y sostenimiento de una comunidad política, sea este explícito o tácito.

Observados los 200 años celebrados desde esta óptica, pareciera ser que si algo tuvieron en común los primeros cien (1810-1910) con los segundos (1911-2010), fue el predominio de los períodos carentes de un contrato social mínimo capaz de garantizar el más ínfimo grado de concordia política requerido para construir y desarrollar una comunidad política y soberana.

Entre 1810 y 1861, las Provincias Unidas del Sur –y a partir de 1953 la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires- fracasaron en consensuar un pacto socio-político mínimo sobre el cual construir el anhelado estado moderno. Desde entonces y hasta 1910, pese a las discordias y desavenencias, tuvo lugar un período (¿extraordinario?) basado en un acuerdo mínimo de voluntades plasmado en la Constitución Nacional de 1853-60, que perduraría hasta 1930.

Con la revolución cívico militar del 6 de septiembre de 1930 se rompe el contrato social arduamente y dolorosamente logrado, y se (re) inicia una etapa signada por diversos y contrapuestos replanteos, reformulaciones y cuestionamientos al pacto de 1853-60. El período terminaría de modo dramático en los albores de la década de 1980.

Pese a ser considerada “la década perdida”,-no sólo en Argentina, sino en el resto de América Latina- la del ’80 fue, desde la perspectiva de análisis aquí propuesta, la década en que el pueblo argentino (gobernantes y gobernados) restituyó las bases para un nuevo contrato social, erigido sobre la elección del régimen democrático, como la mejor forma de gobierno; al menos, para esta comunidad política. (El respecto y defensa de las libertades individuales, así como la promoción y cumplimiento de los derechos sociales también formarían parte del núcleo de este nuevo acuerdo emergido, aunque su efectiva realización no sólo ha sido parcial sino que además ha mostrado generar intensos conflictos entre los diversos sectores sociales, políticos y económicos).

Que el nuevo contrato social haya sido amplia y voluntariamente pactado no significa, por supuesto, que no haya sido desafiado desde su mismísimo nacimiento. Esta vez, sin embargo, tras décadas de desencuentros y extravíos, el pacto mostraría estar fuertemente arraigado en una concordia política que, por encima de las diferencias, estaba decidida a sobreguardar la unidad del país a través de la innegociabilidad de su régimen político. Ni los “carapintadas”, ni la trágica crisis política, social y económica de 2001 han podido doblegar el ya arraigado acuerdo básico. (Conscientes de ello, un grupo de intelectuales perspicaces ha sugerido en tiempos recientes utilizar una inexistente “amenaza destituyente” como medio de deslegitimar reclamos de grupos opositores al actual gobierno de Cristina Kirchner).

Así pues, entiendo que los masivos festejos del bicentenario han confirmado una vez más la vigencia y el fortalecimiento del contrato social (re)fundado en 1983. Pese a las manifiestas pretensiones de oficialistas y opositores de apropiarse de la celebración del bicentenario, los ciudadanos -con mayor grandeza que sus dirigentes, vale destacar- han estado a la altura del evento histórico participando festivamente de un acontecimiento que les pertenece a todos los miembros de la comunidad política argentina; sembrando –al menos a quien escribe- la esperanza de una cercana maduración política de la ciudadanía argentina, acorde con el cumplimiento de los 200 años de la patria.

Clivajes de la política argentina.

Hace unos días, leí en El Estadista una nota de José Natanson, en la que hablaba sobre los clivajes que creó Néstor Kirchner. Para Natanson, el ex presidente habría logrado articular en uno solo dos clivajes: dictadura vs. derechos humanos y neoliberalismo vs. desarrollismo o distribucionismo. Desde este punto de vista, el logro de Kirchner habría consistido en identificar al neoliberalismo con la dictadura.


No es mi intención discutir el resto del análisis (con algunos puntos interesantes que no voy a reproducir acá por una cuestión de espacio). Lo que me genera dudas es si esos clivajes son relevantes para entender la situación política actual.

Los clivajes -en una utilización laxa del concepto que Lipset y Rokkan creo que no compartirían- vendrían a ser una oposición en torno a la cual se alinean los distintos actores sociales. Algunos clivajes clásicos: centro/periferia, capitalistas/obreros, sectores urbanos/rurales, etc.

En ese sentido, creo que por algún momento muy breve Kirchner logró articular sus apoyos en la línea derechos humanos vs. dictadura. Sin embargo, la política local no tardó en acomodarse en torno a una diferenciación que ya es tradicional: gobierno vs. oposición (Mustapic, hace algunos años, señalo cómo el Congreso Nacional se organiza alrededor de esta distinción).

Los medios, la opinión pública y, en muchos casos, los propios políticos, se organizan en torno a esta lógica: o estás con el gobierno o estás en contra. No hay otra opción. Y cuando uno se escapa de estas clasificaciones, como lo hace Sabatella, lo tildan de oficialista. Esto pasó hace muy poco, cuando en el programa “Le doy mi palabra” Sabatella le tuvo que a explicar a Pepe Eliaschev por qué creía que su postura –apoyar las leyes por lo que las leyes dicen y no por quiénes las proponen- era el único modo de mantenerse coherente con su ideología de centroizquierda.

Otro ejemplo puede verse en los comentarios de los lectores de La Nación cuando el partido socialista decidió votar a favor de la Ley de Medios. ¿Qué esperaban, que el partido que venía hace 20 años proponiendo una ley similar a la oficialista votara en contra?

Desde mi punto de vista, esto degrada todo el debate en torno a las políticas, porque las políticas pasan a un segundo plano cuando lo único que importa es quién o quiénes las propusieron.

Y genera hechos difíciles de explicar, como que un partido que intenta correr al kirchnerismo por izquierda actúe con la centroderecha, o que algunos líderes partidarios critiquen políticas que durante varios años trataron de llevar adelante por los supuestos intereses que encubren.