Bicentenario y fortalecimiento del contrato social.

Los felizmente masivos festejos del bicentenario de la Revolución de Mayo han impulsado una fructífera y multifacética reflexión sobre el estado actual de la sociedad política argentina. Entre las tantas aristas posibles que el fenómeno ofrece, deseo ocuparme del elemento unitivo que hizo posible, a mi modo de ver las cosas, que la conmemoración aludida fuera celebrada por tantos argentinos y argentinas, independientemente de sus preferencias y diferencias ideológicas y políticas.

Dejando de lado los diversos significados que el concepto de contrato social ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos desde su aparición en el Leviatán de Hobbes en 1651 al neocontractualismo contemporáneo de Rawls y Nozick, voy a servirme de esta categoría para referirme al acuerdo de voluntades necesario para la existencia y sostenimiento de una comunidad política, sea este explícito o tácito.

Observados los 200 años celebrados desde esta óptica, pareciera ser que si algo tuvieron en común los primeros cien (1810-1910) con los segundos (1911-2010), fue el predominio de los períodos carentes de un contrato social mínimo capaz de garantizar el más ínfimo grado de concordia política requerido para construir y desarrollar una comunidad política y soberana.

Entre 1810 y 1861, las Provincias Unidas del Sur –y a partir de 1953 la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires- fracasaron en consensuar un pacto socio-político mínimo sobre el cual construir el anhelado estado moderno. Desde entonces y hasta 1910, pese a las discordias y desavenencias, tuvo lugar un período (¿extraordinario?) basado en un acuerdo mínimo de voluntades plasmado en la Constitución Nacional de 1853-60, que perduraría hasta 1930.

Con la revolución cívico militar del 6 de septiembre de 1930 se rompe el contrato social arduamente y dolorosamente logrado, y se (re) inicia una etapa signada por diversos y contrapuestos replanteos, reformulaciones y cuestionamientos al pacto de 1853-60. El período terminaría de modo dramático en los albores de la década de 1980.

Pese a ser considerada “la década perdida”,-no sólo en Argentina, sino en el resto de América Latina- la del ’80 fue, desde la perspectiva de análisis aquí propuesta, la década en que el pueblo argentino (gobernantes y gobernados) restituyó las bases para un nuevo contrato social, erigido sobre la elección del régimen democrático, como la mejor forma de gobierno; al menos, para esta comunidad política. (El respecto y defensa de las libertades individuales, así como la promoción y cumplimiento de los derechos sociales también formarían parte del núcleo de este nuevo acuerdo emergido, aunque su efectiva realización no sólo ha sido parcial sino que además ha mostrado generar intensos conflictos entre los diversos sectores sociales, políticos y económicos).

Que el nuevo contrato social haya sido amplia y voluntariamente pactado no significa, por supuesto, que no haya sido desafiado desde su mismísimo nacimiento. Esta vez, sin embargo, tras décadas de desencuentros y extravíos, el pacto mostraría estar fuertemente arraigado en una concordia política que, por encima de las diferencias, estaba decidida a sobreguardar la unidad del país a través de la innegociabilidad de su régimen político. Ni los “carapintadas”, ni la trágica crisis política, social y económica de 2001 han podido doblegar el ya arraigado acuerdo básico. (Conscientes de ello, un grupo de intelectuales perspicaces ha sugerido en tiempos recientes utilizar una inexistente “amenaza destituyente” como medio de deslegitimar reclamos de grupos opositores al actual gobierno de Cristina Kirchner).

Así pues, entiendo que los masivos festejos del bicentenario han confirmado una vez más la vigencia y el fortalecimiento del contrato social (re)fundado en 1983. Pese a las manifiestas pretensiones de oficialistas y opositores de apropiarse de la celebración del bicentenario, los ciudadanos -con mayor grandeza que sus dirigentes, vale destacar- han estado a la altura del evento histórico participando festivamente de un acontecimiento que les pertenece a todos los miembros de la comunidad política argentina; sembrando –al menos a quien escribe- la esperanza de una cercana maduración política de la ciudadanía argentina, acorde con el cumplimiento de los 200 años de la patria.